EXHORTO PÚBLICO DIRIGIDO AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LA PRESIDENTA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Puebla, Puebla. 25 de noviembre de 2025
En ejercicio de los derechos de petición, participación ciudadana, libertad de expresión y acceso a la información pública, el presente EXHORTO dirigido al C. Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, así como a la C. Presidenta de los Estados Unidos
Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objeto de solicitar definición jurídica, claridad administrativa y responsabilidad política en torno a la iniciativa anunciada para la construcción de un autódromo en la entidad.
I. SOBRE EL ORIGEN DE LA INICIATIVA
Tras el reciente accidente derivado de arrancones clandestinos —actividad ilegal conforme al marco normativo de tránsito— se dio a conocer la intención de promover la creación de un autódromo. Dicha propuesta debe ser evaluada bajo criterios de legalidad, proporcionalidad, eficiencia presupuestal y utilidad pública, evitando que actos ilícitos sean empleados como fundamento político o mediático para justificar proyectos de infraestructura.
II. SOBRE LA IMPERTINENCIA SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA DE LA PROPUESTA
Resulta inmoral, inaudito y jurídicamente cuestionable que se presenten propuestas desatinadas y deliberadas que contravienen el interés público y aumentan el descontento ciudadano, como la iniciativa atribuida al asesor José Luis García Parra, quien habría promovido la creación de un autódromo sin medir el grado real de aceptación entre la población poblana ni evaluar su pertinencia técnica, social, financiera o territorial. Tal planteamiento carece de proporcionalidad, análisis costo-beneficio, dictámenes de impacto urbano y de una valoración integral sobre la conveniencia de destinar recursos públicos a un proyecto dirigido a un fragmento mínimo de la población, principalmente a sectores con capacidad económica para realizar actividades recreativas de esta naturaleza en espacios ya regulados o en otras entidades federativas, dejando del lado pretenciones políticas personales a cargos de elección popular en el municipio de Puebla.
El deber público exige que la planeación gubernamental responda a necesidades amplias, urgentes y estructurales, y no que se privilegie a nichos específicos con bajo impacto social. El Estado debe priorizar políticas públicas de movilidad, seguridad vial, infraestructura estratégica, cohesión social y prevención del delito, antes que proyectos con limitada justificación técnica y social.
III. SOBRE LA ILEGALIDAD DE LOS ARRANCONES
Los arrancones clandestinos constituyen una conducta prohibida por la normatividad estatal y municipal. Antes de considerar la construcción de infraestructura de alto costo, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de sanción, prevención, vigilancia y cultura vial. La normalización de actividades ilícitas como punto de partida para generar políticas públicas contraviene el principio de legalidad y puede generar incentivos negativos.
IV. SOBRE DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
Se exhorta también a revisar, capacitar o rectificar la actuación del C. Secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Para, cuyas declaraciones recientes atribuyen responsabilidades a municipios que no poseen competencia jurídica ni territorial en las materias señaladas. Dichas aseveraciones generan confusión institucional, vulneran el principio de competencia previsto en la Constitución y afectan la coordinación intergubernamental.
V. SOLICITUDES PUNTUALES
1. Transparentar los estudios técnicos, dictámenes legales, impactos financieros y consideraciones sociales que sustenten la viabilidad del proyecto de autódromo, o en su caso reconocer la inviabilidad del mismo.
2. Fortalecer la aplicación estricta de la normatividad vigente en materia de arrancones y eventos automovilísticos clandestinos.
3. Evitar el uso político o mediático de hechos constitutivos de infracción o delito.
4. Evaluar la pertinencia, permanencia, efectos y consecuencias de las declaraciones del Secretario de Gobernación estatal, garantizando que la comunicación gubernamental observe los principios constitucionales de legalidad, competencia y coordinación, así como del asesor de gobierno.
El presente exhorto se emite con carácter público, técnico, jurídico y político, solicitando a las autoridades mencionadas que respondan con claridad, responsabilidad institucional y apego al Estado de Derecho pero sobre todo con la intención de generar propuestas, inclusiones y proyectos que sirvan al fortalecimiento de los poblanos que tienen sed de un verdadero cambio y una verdadera tranquilidad para sus familias, de no ser así se esta violentando el derecho al respeto de los demás, de las mayorias y de quienes menos tienen.
Atentamente,
Fernando Arturo Sandoval Guerrero
Analista politico-electoral egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
